¿Es España un Estado fascista? Por @abogadosensible y @benjamintyreen

Que dicen los separatistas catalanes (y sus amigos de otras partes de España) que hay presos políticos.

Y se les contesta que no, que España es uno de los países más democráticos según no sé qué rankings, y que contamos con un Estado de Derecho, supremacía de la Ley, independencia judicial y toda la pesca de ingredientes al uso.

Y no. Y tampoco.

Los que están en prisión preventiva por golpistas no sabemos, a estas alturas todavía, si serán culpables o inocentes, pero no son presos políticos.

Pero tampoco es cierto que gocemos de un Estado de Derecho con las garantías propias de un país civilizado, democráticamente maduro y jurídicamente riguroso, no nos engañemos.

Y eso se observa claramente, al menos en los últimos años, con el absoluto y descarado desprecio con el que se trata uno de los pilares básicos, si no el fundamental, de ese Estado de Derecho que a tantos no se le cae de la boca o del tuit: el principio de presunción de inocencia.

Y ese desprecio no proviene de los tertulianos de Sálvame, que no lo sé, no: la presunción de inocencia es machacada continuamente por políticos, medios de comunicación pretendidamente serios, fuerzas y cuerpos de seguridad, demás funcionarios gubernamentales e incluso muchos (cada vez más) miembros de la judicatura.

Aclaremos (sin caer  —espero—  en la pedantería didáctica) que la presunción de inocencia es de eso, de inocencia, no de culpabilidad. Cuando en periódicos y telediarios se lee o se oye eso de “presunto culpable” estamos ante una peligrosa barbaridad; se puede ser sospechoso, probable culpable, posible responsable, pero el adjetivo “presunto” únicamente es predicable del inocente.

Si decimos de alguien que es un presunto culpable, si presumimos (insisto: presumimos, no sospechamos, que no es lo mismo) su culpabilidad antes de haber sido juzgado y condenado, entonces nos cargamos el verdadero principio, el de la presunción de inocencia, y en nada nos diferenciamos formalmente de métodos propios de la Gestapo o la Stasi.

Un ejemplo extremo para entendernos: la chica esta a la que acaban de condenar a prisión permanente revisable por el asesinato de un crío, era  —hasta el momento mismo de dictarse la sentencia, y a los efectos de un verdadero sistema de garantías—  tan inocente como cualquiera que leáis estas líneas en este momento y sí, tan inocente por mucho que hubiera confesado el crimen a la policía.

Y si no tenemos asumida esta verdad (por llamativa que parezca a primera vista) es que realmente no nos creemos ni nos merecemos la presunción de inocencia ni el Estado de Derecho, y nos ponemos al nivel de quienes dicen que España es un Estado fascista porque no sé qué de unos Jordis.

Y está pasando.

El artículo 520, apartado 1, de la LECRIM dice expresamente: “La detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio. Quienes acuerden la medida y los encargados de practicarla así como de los traslados ulteriores, velarán por los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen de aquéllos, con respeto al derecho fundamental a la libertad de información”.

Incluso el Tribunal Supremo (Sala Penal, sentencia de 15 de julio de 2019): “… la importantísima función que en una democracia corresponde a los medios de comunicación, en orden a la formación de una opinión pública informada, libre y plural, no les exime de tener en cuenta, de un lado, los derechos de las personas sobre las que se informa, cuando aún no han sido condenadas por ningún tribunal de justicia; y, de otro, que la declaración de culpabilidad en una democracia, no es emitida por el pueblo o por una parte del pueblo, aunque la Justicia emane del mismo, (artículo 117.1 CE), sino por los órganos jurisdiccionales a los que la propia Constitución, con carácter exclusivo, ha hecho responsables del enjuiciamiento”.

Y la realidad es que se producen detenciones y registros absurdos, inútiles en la práctica y desproporcionados, acompañados siempre del previo aviso a la prensa, helicópteros sobrevolando dependencias administrativas no por si se escapa un yihadista, sino para hacer ruido mientras algunos chicos de la UDEF o la UCO con su graduado escolar abren cajones para recoger expedientes de contratos sobre los que luego harán unos informes que darían vergüenza a cualquiera que sepa juntar dos letras en parvulitos de la Facultad de Derecho, en los que se atreven incluso a citar “a su modo” jurisprudencia del Supremo o el Constitucional; filtraciones interesadas a los medios de sumarios declarados secretos (de las partes que interesan) desde los propios juzgados, fiscalías, comisarías o cuarteles, sin que ese delito (porque lo es en el caso de funcionarios públicos) tan siquiera se haga amago de investigarlo, para que la prensa ayude a la ciudadanía a posicionarse (así se consigue rápido el “algo habrá hecho”); fiscales que en declaraciones públicas piden sentencias “ejemplarizantes” (no justas, no, eso da igual: ejemplarizantes); meses y años sin practicar diligencia alguna en sumarios sobre delitos que, teóricamente y por lo que decía la prensa, iban a hacer temblar las bases del sistema; sospechosos (“presuntos culpables”, estos sí) sufriendo el oprobio público de la “pena del telediario” (pena no sólo con efectos públicos, que también destroza familias y economías domésticas) por la incompetencia o  —peor aún, y en demasiados casos—  por intereses inconfesables de unos y afán de lucro o de medro de otros…

En nuestra Comunidad Valenciana, esa tan “presuntamente corrupta”, se alaba y reconoce continuamente la labor de la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia por su buen hacer al frente de la organización judicial autonómica en estos tiempos de tantos sumarios (y tan pocas condenas, por cierto) por corrupción; que ya es que si vas a Google a buscar su cv, te encuentras con una antigua Juez de Instrucción (no especialmente brillante, aunque eso no lo dice su cv, claro) que accedió a su actual cargo no sin cierta polémica, pues nunca formó parte de un órgano jurisdiccional colegiado, que   —por su propia trayectoria profesional—  tampoco es que haya dictado muchas sentencias, y cuyos mayores méritos, según se subraya en lo que encontramos en internet son, de un lado, ser la única mujer que preside en la actualidad un TSJ y, de otro, ser especialista en Derecho civil valenciano, que ya es triste que te tengan por especialista en algo que no existe y que, de existir, nunca sería materia propia de un Juzgado de Instrucción.

Pues bien: ¿sabe alguien de alguna medida adoptada desde la Sala de Gobierno del TSJ de la Comunidad Valenciana para frenar, investigar o paliar de algún modo las continuas, sesgadas y manipuladas filtraciones de sumarios a la prensa, gracias a las cuales los abogados de los investigados se enteran de las peticiones de la fiscalía, de las diligencias policiales o de las actuaciones judiciales a través de los medios de comunicación?

Ya no se recuerda, pero cuando fue juzgado Francisco Camps, y existiendo unas dependencias propiedad del Colegio de Abogados de Valencia en la sede judicial, el “presunto” intentó refugiarse allí del acoso de la prensa  —al fin y al cabo es colegiado—  y la Presidenta experta en “Derecho civil valenciano” mandó a un capitán de la Guardia Civil a sacarlo de allí. Únicamente la intervención de dicho Colegio evitó tamaño desafuero. ¿Algo para justificar dicha orden? ¿Que se perdía la pena de escarnio, que de esa no te libra ni una absolución?

Si admitimos sin indignarnos que se empleen los medios de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y de la Administración de Justicia, para intereses que unos cuantos políticos o tertulianos consideran “ejemplarizantes”; si vemos normal que se cometan delitos (filtraciones) desde los juzgados y los cuarteles de policía; si admitimos sin rubor que se utilicen los sumarios y las investigaciones con fines distintos a aquellos para los que se prevén, o que jueces, fiscales y periodistas se monten tertulias para contarse sus cosas; si vemos normal que un guardia civil se autocoloque al mismo nivel de preparación jurídica que un abogado profesional; si no nos escandaliza que un fiscal trapichee con los derechos de los investigados con miras a la promoción de su carrera o su imagen mediática; si admitimos que la presunción de inocencia es un mal menor que hay que soportar en algunas ocasiones… entonces no nos jugamos que este u otro sospechoso pague por su delito, sino que ponemos en peligro algo más importante: nuestro entero sistema de derechos y libertades, que tanto ha costado construir.

Porque si entramos en la dinámica de un estado policial, sin garantías, sin presunción de inocencia y sin independencia judicial, cuando hayan acabado con los “presuntos culpables”, irán  —la Historia tristemente así lo demuestra—  a por los desafectos, luego a por los indiferentes, después a por los antipáticos, o a los gorditos, o los pelirrojos, y al final te tocará a ti, o a mi, simplemente porque pasábamos por ahí.

Autor: carmenalvarezvela

Abrí este blog para hablar de España y conforme ha pasado el tiempo, algunos amigos mucho más cualificados que yo colaboran para expresar nuestra común preocupación por los males que nos aquejan como nación. Otros participan escribiendo sobre música, cine, literatura, historia ... Debería cambiar el nombre del blog, "No me resigno", como mínimo por "No nos resignamos", ya veremos. Mi amigo Emmanuel M. Alcocer me dijo una vez que el peor error es el error de perderlo todo por no haber hecho nada. Pues ahí estamos, intentando hacer algo.

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