Parece que pronto habrá que distinguir entre Generalitat de Cataluña y Generalitat en Cataluña. La propuesta hecha por el prófugo Puigdemont de que el preso Sánchez sea elegido presidente de la Generalitat mientras él se reserva el papel de glorioso exiliado con corte incluida apunta en esa dirección: dos “Generalidades”, aunque por supuesto y por desgracia no por el precio de una.
La de Bélgica, la Généralité, será además el sueño dorado de estos fascistas de barretina: un gobierno y una asamblea sin opositores, formada solo por los tíos de la vara. Ni oposición, ni control parlamentario, ni por supuesto judicial.
Mientras, el parlamento en Cataluña se dedicará a implementar la República y planear una nueva consulta, ninguneando otra vez a la mayoría de los votantes y por supuesto la constitución y demás leyes de menor rango.
Bien, a estas alturas ya está claro que el 155 no ha sido suficiente, que la buena voluntad del gobierno de la nación y de los ciudadanos españoles sólo ha merecido desprecio y deslealtad, que los golpistas no han aprendido nada y, lejos de rectificar, están decididos a perseverar en un empeño para el que, digan lo que digan, no tienen ningún mandato popular. Como siempre, no es más que el interés egoísta de una clase política expoliante lo que les guía; una auténtica huida hacia adelante para escapar de la cárcel.
Cataluña y sus políticos se han demostrado incapaces de organizarse y gobernarse civilizadamente dentro del mínimo respeto a la legalidad. Han demostrado sus dirigentes que bien poco les importa el bienestar de sus ciudadanos, ya que han renunciado a ejercer las amplísimas competencias de que disponen, envueltos como están en una indignante maraña de reuniones, trapicheos y negociaciones encaminadas a salvar la poltrona y a mantener la tensión con el estado, haciendo oídos sordos a la evidencia de que ante este espectáculo la economía se está hundiendo.
Quizá va siendo hora de asumir que la intervención de la comunidad por parte del estado ha de ser mucho más profunda y duradera, ante la evidencia de que la deslealtad persiste y no va a cesar mientras los golpistas dispongan del presupuesto y los medios de comunicación. Y esto es lo más irritante: que hasta un niño de pecho sabe que esto se acaba en cuento se cierre el grifo del dinero. Pero por alguna razón alguien en Madrid ha decidido no hacerlo.
Persisten, corregidas y aumentadas por la contumacia, las razones de interés general de España que justifican la intervención. E incluso quizás no sólo la del 155. Es una situación excepcional, gravísima y muy peligrosa, que requiere medidas adecuadas a esa gravedad. Pero claro, su adopción exigiría algo tan insólito como que los lideres de los partidos nacionales se reuniesen, hablasen, dejasen de lado sus intereses partidistas y tomasen decisiones.
Poco probable, dado que tenemos políticos de partido y no estadistas. De modo que no es descartable que acabemos pagando, todos, una Generalitat y una Généralité.
