SOR ANGELINA, VALLDOREIX Y EL ENREDO DE SIJENA. Por Josep Danon @DanonJosep

 

En la convulsa segunda mitad del año 1936, tras el estallido de la Guerra Civil,  se produjo una poderosa y sangrienta reacción anti clerical que condujo al saqueo, destrucción y/o quema sistemáticos de iglesias,  conventos, y de cualquier elemento que tuviera relación con el culto católico, o con la veneración o reproducción de  sus símbolos.

En ese marco, el vigitano Josep Gudiol i Ricart, Arquitecto, Historiador y mecenas, se plantea la tarea de intentar salvar de la acción  de las milicias anarquistas  el patrimonio histórico cultural del Monasterio de Sijena,  sede de la rama femenina de la Orden de San Juan de Jerusalem desde el año 1188, librándolo de su presunta destrucción.

La tarea se lleva a cabo con la colaboración de las monjas del Monasterio, del alcalde y en general de los ciudadanos de Villanueva de Sijena, pequeña localidad situada a 65 kilómetros de la ciudad de Huesca, y, en principio, se gestó mediante un acuerdo de mero depósito de bienes, sin entrega documentada de la tradición  de su completo dominio.

No es el propósito de este artículo analizar cómo se llevó a cabo la tarea de traslado a Cataluña de las 97 obras de arte y frescos del Monasterio, ni si era o no inminente su destrucción,  si Gudiol fue guiado o no por otro móvil que el estrictamente altruista, y, mucho menos, en qué condiciones dichas obras de arte fueron preservadas durante los decenios siguientes  por  Cataluña.

Tampoco es la intención de este artículo valorar porqué  y cómo  el historiador Ainaud de Lasarte  obtuvo el visto bueno de la Dirección de Bellas Artes para trasladar a  Barcelona, veinticuatro años más tarde, el resto de obras pertenecientes a la colección, ni cómo puede explicarse que dichas obras no fueran destruidas por las milicias  de la misma manera que se había temido que ocurriera con las  primeras.

El principal interés de estas líneas descansa en la luz que pueda  arrojarse  sobre la génesis, desarrollo y desenlace del  conflicto institucional y judicial surgido en relación a la recuperación por parte del Gobierno de Aragón  del patrimonio histórico artístico en cuestión.

Para comprender  bien el origen del conflicto, es preciso remontarse al 15 de junio del año 1995, fecha en que la Santa Sede acuerda reestructurar las diócesis de Lleida y Barastro-Monzón,  acordando la transferencia a ésta de 111 parroquias hasta entonces pertenecientes a aquélla. Obviamente, la transferencia de parroquias implicaba la entrega de todos los bienes asociados a las mismas.

La entrega de dichos bienes fue inicialmente aceptada por  la diócesis de Lleida, que procedió a la reintegración de bastantes  de los elementos pertenecientes a dichas parroquias, no así de los que, en principio, se hallaban bajo la tutela, por diversos títulos, de alguno de los varios museos que las custodiaban.

En el año 2006, la Generalitat de Catalunya legisló sobre el particular, autorizando la devolución de bienes, pero poniendo como condición “sine qua non” la preservación de la unidad e integridad de las colecciones.

En la mayoría de casos objeto de litigio entre diócesis, las obras se hallaban en Catalunya sin más título que la mera posesión, amparada en la dependencia jurisdiccional de la Diócesis de Lleida.

Sin embargo, respecto de la colección del Monasterio de Sijena, la situación es radicalmente diferente, y su desarrollo  es fruto de una casualidad.

Y es aquí donde aparece la primera protagonista del título de este artículo, Sor Angelina.

En el año 1976 se planteó la necesidad de realizar unas obras de conservación del Monasterio de Sijena, que iban a dificultar la vida tranquila y contemplativa de sus moradoras. Esta circunstancia y el hecho que la Comunidad Religiosa se hallaba muy mermada, provocó que, por  primera vez en ocho siglos, las Hermanas Sanjuanistas abandonaran el Monasterio, trasladando su residencia  inicialmente al paseo de la Bonanova de Barcelona, y posteriormente a la localidad de Valldoreix, villa descentralizada de la población de Sant Cugat del Vallés, a escasos quince quilómetros de Barcelona.

Se puede decir, pues, que Valldoreix es el embrión de la tragedia posterior.

A Valldoreix llegan, en principio,  cuatro monjas de la Orden, encabezadas por su priora, Sor Angelina.  Presumo que llegan con lo puesto, con escasos o nulos recursos económicos, y, sin embargo, con la necesidad de hacer frente a los gastos de su nueva residencia.

No sé quién buscó a quién.  Si Sor Angelina se acercó a la Generalitat  con la idea de reponer las exhaustas arcas de la Congregación, o si fue el Ejecutivo Catalán quien contactó con las monjitas  aprovechando  su nueva vecindad  catalana, y sabedor de que se trataba de una ocasión de oro para regularizar  la posesión a precario de las obras de Sijena.

La cuestión, en cualquier caso,  es que en 1983, Sor Angelina y sus cuatro Hermanas,  firman un contrato de préstamo indefinido de las obras con la Generalitat de Catalunya,  y, posteriormente, en  1992 y 1994 otorgan sendos contratos privados de venta de  las noventa y seis piezas de la Colección,  y sus frescos, por un total conjunto de 105 millones de pesetas. Parte de la colección es adquirida por la Generalitat que la destina al Museo de Lleida, y las restantes piezas son adquiridas por el MNAC.

Permítanme un inciso en esta narración para situarles en el contexto en que se producen dichas ventas:

1º.- Existen hasta tres Órdenes Religiosas que se atribuyen la maternidad de la Colección de Sijena:  la Orden Religiosa de Sanjuanistas, la Orden Religiosa de Sanjuanistas del  Monasterio de Sijena, y la Orden religiosa de Sanjuanistas del Monasterio de Valldoreix. Ahí es nada.

2º.- En 1923 el Monasterio de Sijena fue catalogado como Monumento Histórico Artístico Nacional, y, posteriormente,  sus bienes pasaron a tener la condición de bienes de interés cultural de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Patrimonio Histórico Artístico Español de 1985.  El informe de la Real Academia de la Historia de 8  marzo de 1923  justificó tal declaración basándose en la consideración de tratarse de un “conjunto integrado”, ofreciendo especial importancia a sus pinturas, frescos, y sus variadas obras históricas.

3º.- Las compraventas se otorgaron en documento privado, sin supervisión notarial, y sin comprobación objetiva de  que Sor Angelina y sus Hermanas  dispusieran de la titularidad jurídica sobre los bienes objeto de transmisión.

4º.- En 30 de abril de 2009 el Tribunal Supremo dicta una sentencia de extrema importancia en esta materia, mediante la cual se declara la indivisibilidad del Patrimonio Histórico Artístico Español.

Si sumamos esos cuatro elementos, los agitamos, y los colocamos en el recipiente del conflicto catalán-aragonés al que me he referido anteriormente, tenemos los ingredientes  suficientes para un buen pleito.

Así ocurre que, en el año 2012, El Ayuntamiento de Sijena y la Comunidad de Aragón presentan una demanda ante los juzgados de primera instancia de Huesca (partido judicial al que corresponde el Monasterio de Sijena) mediante la cual solicitan la nulidad de pleno derecho de los contratos de compraventa a los que he hecho anterior alusión, y la restitución de los bienes  comprendidos en los mismos.

Son demandados, Generalitat de Catalunya,  MNAC, y las tres órdenes religiosas que presuntamente pueden haber tenido participación  en la compraventa, y/o pueden tener interés directo o indirecto en el pleito.

Tras una dura batalla jurídica, el Juzgado número 1 de Huesca dictó sentencia el 8 de abril de 2015, estimando la demanda, y dando pues la razón a los demandantes.

Dicha sentencia fue recurrida por Generalitat y MNAC ante la Audiencia  Provincial de Huesca, quien  muy recientemente, en fecha  de 30 de noviembre de 2017 ha dictado sentencia confirmando la sentencia recurrida, y declarando la nulidad de pleno derecho de los contratos al amparo de los cuales los demandados justifican la posesión de las colección de bienes histórico artísticos  originarios del Monasterio de Sijena, ordenando su inmediata devolución.

Tanto la sentencia de instancia, como la de la Audiencia Provincial, justifican su decisión en base a los cuatro aspectos reseñados más arriba, y, en especial, al hecho que el artículo 6.3 del Código Civil  sanciona con la nulidad de pleno derecho  los actos (y contratos) contrarios a las normas imperativas y prohibitivas.

La nulidad de pleno derecho implica, para los no legos, que cualquier acto realizado  con vulneración o menosprecio de normas legales de obligado cumplimiento carece de efecto alguno, aunque haya mediado precio de por medio.

Como ejemplos más evidentes  de esta categoría de actos, podemos citar  el comercio de esclavos, la trata de blancas o el tráfico de objetos robados. Por más que haya mediado precio y contrato de transmisión de dominio de por medio, no pueden jamás surtir efectos debido a que son actos contrarios a las leyes imperativas.

Los contratos suscritos entre los demandados y las Monjas de Valldoreix, habrían incurrido en nulidad de pleno derecho por haberse realizado con vulneración de la Ley de Patrimonio Histórico Nacional de 1985 vigente al tiempo de producirse las ventas, sin perjuicio de que, además, la parte compradora  no  acreditó que las Monjas de Valldoreix dispusieran de  la propiedad de dichos bienes, en la medida que no se consiguió acreditar que fuera la legítimas representantes de la Orden Religiosa de San Juan de Sijena.

Hasta donde tengo conocimiento, tanto la Generalitat de Catalunya como el MNAC han anunciado su intención de interponer recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Por consiguiente, en la medida en que dicho recurso sea interpuesto en tiempo y forma, las sentencias recurridas no son firmes.

Tampoco lo eran en el momento en que la Comunidad de Aragón y el Ayuntamiento de Sijena solicitaron la ejecución provisional de la sentencia de instancia.

Y aquí llega la parte final de este mayúsculo enredo.

¿Es posible solicitar la ejecución de una sentencia, aunque no sea firme?

¿Tiene el Juzgado un margen de discrecionalidad para negarse a dicha ejecución?

Pues bien, el artículo 526 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dispone, literalmente que:

“Salvo en los casos a que se refiere el artículo anterior, quien haya obtenido un pronunciamiento a su favor en sentencia de condena dictada en primera instancia podrá, sin simultánea prestación decaución, pedir y obtener su ejecución provisional conforme a lo previsto en los artículos siguientes.

El artículo 527 añade:

La ejecución provisional podrá pedirse en cualquier momento desde la notificación de la resolución en que se tenga por interpuesto el recurso de apelación, o en su caso, desde el traslado a la parteapelante del escrito del apelado adhiriéndose al recurso, y siempre antes de que haya recaído sentencia en éste.”

¿Cuáles son las sentencias en las que no es posible  solicitar su ejecución provisional ?

El artículo 525 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las define:

  1. No serán en ningún caso susceptibles de ejecución provisional:

1.ª Las sentencias dictadas en los procesos sobre paternidad, maternidad, filiación, nulidad de matrimonio, separación y divorcio, capacidad y estado civil, oposición a las resoluciones administrativas enmateria de protección de menores, así como sobre las medidas relativas a la restitución o retorno de menores en los supuestos de sustracción internacional y derechos honoríficos, salvo lospronunciamientos que regulen las obligaciones y relaciones patrimoniales relacionadas con lo que sea objeto principal del proceso.

2.ª Las sentencias que condenen a emitir una declaración de voluntad.

3.ª Las sentencias que declaren la nulidad o caducidad de títulos de propiedad industrial.

  1. Tampoco procederá la ejecución provisional de las sentencias extranjeras no firmes, salvo que expresamente se disponga lo contrario en los Tratados internacionales vigentes en España.
  2. No procederá la ejecución provisional de los pronunciamientos de carácter indemnizatorio de las sentencias que declaren la vulneración de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y ala propia imagen.

Por consiguiente, si la parte que ha obtenido una sentencia favorable solicita su  ejecución provisional, y el asunto no se halla comprendido en ninguno de los descritos en el artículo 525 transcrito, el Juez no tiene más remedio que concederla.

La única vía mediante la cual la parte demandada puede oponerse a la ejecución provisional de la sentencia e impedir el traslado de las obras a Sijena, radica en lo dispuesto en el artículo 530.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que dispone:

“Si la oposición se hubiera formulado en caso de ejecución provisional de condena no dineraria, cuando el tribunal estimare que, de revocarse posteriormente la condena, sería imposible o extremadamente difícil restaurar la situación anterior a la ejecución provisional  (…) dictará auto dejando en suspenso la ejecución”.

El Juez ha entendido que no existe riesgo alguno de que, en caso de que la sentencia fuera revocada, se produzca una situación que haga imposible la devolución de las obras a su anterior titular, y, por consiguiente,  no ha accedido a la petición de los demandados de suspender la ejecución.

Por consiguiente, en resumen, nos hallamos ante una cuestión estrictamente jurídica y judicial en la que la voluntad política solo se pone de manifiesto con ocasión de valorar  la necesidad de solicitar la ejecución provisional de sentencia.

El juez, en este extremo, si no aprecia riesgo de que se genere una situación de imposible restauración, se ve obligado a acceder a la petición de ejecución provisional, y el demandado está obligado a acatar dicha resolución.

El Gobierno de España, en sustitución del de la Generalitat de Catalunya, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, no ha hecho otra cosa que cumplir una resolución judicial que ya debía de haber sido cumplida con anterioridad.

Espero haber contribuido con estas líneas a clarificar la extrema confusión que sobre estos extremos campa por las redes sociales e incluso en medios de comunicación presuntamente solventes desde el punto de vita profesional.

Autor: carmenalvarezvela

Abrí este blog para hablar de España y conforme ha pasado el tiempo, algunos amigos mucho más cualificados que yo colaboran para expresar nuestra común preocupación por los males que nos aquejan como nación. Otros participan escribiendo sobre música, cine, literatura, historia ... Debería cambiar el nombre del blog, "No me resigno", como mínimo por "No nos resignamos", ya veremos. Mi amigo Emmanuel M. Alcocer me dijo una vez que el peor error es el error de perderlo todo por no haber hecho nada. Pues ahí estamos, intentando hacer algo.

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